Foto: Auditor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez

 

Aunque en muchas regiones se han convertido en focos de corrupción, las contralorías territoriales, a pesar de las desventajosas condiciones en que deben operar, han sido más efectivas que la Contraloría General. El funcionario mostró las cifras ocultas de las contralorías.

“Eliminando el control fiscal territorial, ‘per se’, no se soluciona el problema de la corrupción en Colombia, afirmó el auditor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra al revivir el debate sobre la supresión de las contralorías en las regiones.

 

“Como Auditoría General, lo decimos tajantemente: Esto no es así, podría ser más rentable, galopar sobre la cabeza de los contralores territoriales”, precisó ayer 02 de octubre al presentar el balance de su primer año frente a la entidad, encargada de vigilar a las contralorías.

 

La propuesta fue planteada por el ex contralor Edgardo Maya, antes de su retiro del cargo, lo que sigue generando un gran debate nacional. El auditor anunció su oposición, aunque urgió cambios de fondo en el control fiscal. El tema fue anunciado ante los contralores regionales y representantes de todos los organismos de control, durante la audiencia pública de rendición cuentas que se llevó a cabo por parte de la Auditoría General de la República en la ciudad de Bogotá el día 02 de octubre.

 

En su criterio, la eliminación de las contralorías territoriales como está contemplado en un proyecto de ley, no soluciona la falta de efectividad que aqueja al control fiscal ni permite corregir los altos niveles de corrupción existentes en el país.

 

Reforma integral

 

Por el contrario, insistió en una reforma integral al actual sistema de control fiscal, reconociendo que “es allí, en la territorialidad, en donde cobra valor fundamental y utilidad social el concepto de descentralización”.

 

El funcionario insistió en la reingeniería total del sistema de control fiscal, dando importancia debida al principio de colaboración armónica, al determinar claramente un nuevo esquema de relaciones interinstitucionales en términos de roles, recursos, responsabilidades y competencias de todos los organismos de control del país.

 

“De hecho no queremos manifestar que como están concebidas hoy sean lo verdaderamente ideal. La coincidencia de periodos con el alcalde y el gobernador, su manera y su procedimiento para elegir.

 

En su criterio, la elección de los contralores debe darse a través de un concurso público de méritos y no mediante una convocatoria pública.

 

“En muchas regiones, lamentablemente, las contralorías se han convertido en focos de corrupción que no son, en sentido general, pero que, dado el carácter excepcional, terminan haciéndole mucho daño al control fiscal del país”, precisó Rodríguez Becerra durante la primera rendición de cuentas sobre su gestión al frente de la entidad.

 

Sin embargo, reiteró que la supresión de las contralorías regionales y su centralización en un solo organismo, es un retroceso.

 

“Dejar en cabeza de un solo organismo centralizado la vigilancia y el control fiscal de los recursos públicos no solo va en contravía del espíritu descentralizador adoptado en la Constitución del 91, sino que no garantiza el mejoramiento de la gestión fiscalizadora de las contralorías ni en los resultados”, afirmó durante la presentación de sus resultados.

 

Cifras reveladoras

 

El funcionario mostró con cifras, las significativas ventajas presupuestales, técnicas y operativas de la Contraloría General, que no se compadece con las dificultades de las contralorías territoriales, ni con los resultados de la gestión fiscalizadora.

 

El 58,61% del presupuesto total del Estado que se destina a los organismos de control del país, es destinado a la Contraloría General de la República y el 41,39% se destina a las contralorías territoriales.

 

Del total de 4.385 sujetos de control o entidades sobre las que recae la acción de control fiscal de las contralorías del país 585 (13,34%) de ellas están bajo la vigilancia de la Contraloría General de la República mientras que 3.800 (el 86,66%) restante están a cargo de las contralorías territoriales.

 

En relación con el valor del presupuesto susceptible de ser auditado a nivel nacional nos encontramos una cifra contraria, en la cual, es mayor el presupuesto auditado por parte de la Contraloría General equivalente al 76,48% mientras que las contralorías territoriales tienen a cargo el 23,52%.

 

Resultados

 

En materia de resultados de control fiscal, la CGR durante la vigencia del 2017 produjo un total de 7.355 hallazgos administrativos equivalentes al 16,89% mientras que las entidades territoriales determinaron 36.199 equivalentes al 83,11% para un total de 43.554 hallazgos.

 

De éstos, el 19,06% corresponden a hallazgos de la Contraloría General de la República que tuvieron incidencia fiscal. Las contralorías territoriales determinaron 3.623 equivalentes a un 80,94% de los hallazgos con connotación fiscal.

 

En este sentido, el daño patrimonial, calculado como consecuencia de los hallazgos con incidencia fiscal corresponden a un 47,34% por parte de la CGR y 52,66% a las contralorías regionales.

 

Los hallazgos con posible incidencia disciplinaria, 11.434 la situación es similar, 8.440 (el 73,81%) fueron reportados por las contralorías territoriales y solo 2.994, el 26,19% por la Contraloría General.

 

Lo mismo ocurre con hallazgos con incidencia penal, 743 (el 80,24%) corresponden a las contralorías territoriales, y 183 (19,76%) a la Contraloría General.

 

Las otras cifras

 

Según el organismo, la mayor parte de los procesos de responsabilidad fiscal adelantados no culminan con imputación de responsabilidad.

 

De los 26.847 procesos ordinarios que se adelantaron entre el 2016 y el 2017 y que involucran posible daño de recursos públicos por $46.6 billones, apenas 2.969 procesos (11,06%) en cuantía de $3,3 billones han culminado con imputación de responsabilidad.

 

Otros 3.901 procesos (14,5%) por valor de $5.8 billones se han fallado sin responsabilidad o han sido archivados y 753 procesos (2.8%) fueron archivados por pago en cuantía de $404.241,5 millones.

 

Además, 18.890 procesos (70,4%) se encuentran aún en trámite por $36,85 billones y lo que es más grave, en 334 procesos (1.24%) por valor de $216.673,8 millones se ha presentado el fenómeno de la caducidad o la prescripción de la acción fiscal.

 

Las prioridades

 

1.       Implementar el control posterior inmediato.

2.       Implementar el control previo excepcional.

3.       Elevar a rango constitucional la función fiscal de advertencia.

4.       Hacer efectiva la coordinación entre los Organismos de Control Fiscal y el Control Interno administrativo.

5.       Fortalecer la capacidad sancionatoria de las contralorías.

6.       Modificar de fondo el proceso de Responsabilidad Fiscal.

7.       Modificar el actual esquema de control concurrente.

8.       Diseñar e implementar una política pública para el control de los recursos del erario.

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