Es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contraloría con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de esta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño patrimonial del Estado. Este proceso está regulado por la Ley 610 de agosto 06 de 2000.